Por: MIGUEL R. FIALLO C.
Recientemente la Asociación
Dominicana de Profesores (ADP) solicitó que se dejara sin efecto la ordenanza
24-2017, que convoca a concurso nacional para elegir directores regionales y
distritales, emitida por el Ministerio de Educación (MINERD). Para el gremio,
dicha resolución atenta contra la estabilidad del sistema educativo, y amenaza
la continuidad de las reformas impulsadas al actual gobierno.
Estos pronunciamientos se
han acompañado de una ola de protestas, y que plantean un importante debate
sobre la calidad del sistema educativo al que los dominicanos podemos aspirar.
En el mundo de hoy, se entiende que un sistema educativo eficiente se rige y se
gestiona en base a las competencias de sus miembros. Esto significa que, tanto
docentes como directivos, se eligen por sus méritos, y que son evaluados
periódicamente. Sólo así se puede lograr una educación de calidad.
Idealmente, la conclusión a
la que deberían llegar las partes -ADP y MINERD- es la más simple: tomar las
medidas que garanticen que el aparato educativo corresponda a las aspiraciones
de desarrollo de la nación. Esto debe abarcar integralmente a docentes,
alumnos, directivos y autoridades. Además, si estamos invirtiendo el 4% del PIB
en educación, ¿por qué no tener la mejor educación posible?
Los países industrializados
entendieron esto hace más de 70 años. De hecho, uno de los puntos comunes de
los sistemas de educación de todas esas naciones, es que las competencias
disciplinarias y didácticas de los maestros se evalúan en tres momentos de su
carrera:
- Al ingresar a la carrera,
para seleccionar a los aspirantes que posean el perfil deseable;
- al egresar, antes de
ejercer como docentes, para certificar que cuentan con las competencias
requeridas para el ejercicio de su profesión y,
- durante el ejercicio
profesional mismo, para asegurar que cumplen su tarea pedagógica y que se
mantengan actualizados.
En este tercer nivel de
evaluación, es donde se revisa al docente para considerarlo como elegible en
promociones, incentivos y reconocimientos. Sobre esta base, se decide además si
el docente puede ser directivo, es decir, personal de dirección a nivel de
escuela, de distrito, regional, etc. Así se garantiza, entre otros importantes
aspectos, que tengan una carrera en el sistema sólo quienes han sido formados
realmente en este.
Desde luego, la evaluación
por sí sola no garantiza que una sociedad cuente con profesores o directivos
bien preparados, si no han existido antes procesos robustos de formación
inicial y continua. Cuando la evaluación es pertinente, justa y válida, funciona
como un mecanismo de control de calidad que indica, tanto al sistema como al
individuo, cuáles son las áreas de mejora.
La revolución educativa no
puede detenerse ante posiciones coyunturales de grupos de poder. Eso sería
minimizar la dimensión de las transformaciones que necesitamos. Los méritos
deben ser la norma a todos los niveles y no la excepción. Hemos planteado incluso,
que deben evaluarse las competencias de los profesionales cada cierto tiempo
para asegurar que tengan el nivel de actualización, tecnificación, humanización
y ética que demanda nuestra sociedad.
* El autor es rector de la
Universidad Nacional Pedro Henríquez Ureña -UNPHU.
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